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Una urgente reivindicación del sector es la de igualarnos a nuestros vecinos europeos y poder superar el límite de los 4 m de altura actuales hasta los 4.5 m que se permite en los paises de nuestro entorno. El producto que producimos es de mucho volumen y poco peso. Así, el km recorrido dado el precio por el mismo que de una u otra manera nos impone el mercado y el sistema productivo, puede llegar a no compensar el esfuerzo.

Camión a 4.5 m de altura    
Camión cargado a 4.5 m de altura
 
Camión cargado a 4 m de altura
 
Transporte de vehículos

Cuando el gobierno decide aplicar cualquier medida, lo hace por Decreto Ley, vemos los suficientes argumentos para que de la misma forma se nos diera el permiso para circular con 4,5 m tal y como se lo dan a transportistas de otros ramos, naturalmente entendemos que este permiso se les daría a los que estamos dados de alta en la actividad de suministro de paja y forrajes. Seguro que si nos lo autorizan nos sentiremos iguales ante la ley, además de serenar el día a día, al no sentirnos perseguidos en las carreteras de España.


INTERÉS ESTRATÉGICO DE LA PLANTA DE GENERACIÓN ENERGÉTICA A PARTIR DE BIOMASA (PAJA DE CEREAL) PARA VITORIA-GASTEIZ Y LA PROVINCIA DE ÁLAVA.

El Decreto Ley del 27-2012 ha dejado muertos a todos los proyectos en el territorio nacional en cuanto a las energías renovables se refiere. Este Decreto corta de raíz el compromiso de la administración con la ecología al menos en cuanto a nuestro sector se refiere. Muchas de las empresas que formamos Anip, teníamos avanzado un proyecto de suministro de larga duración a una nueva planta de biomasa a contruir en Vitoria. Dicho Decreto anula la prima a la producción con la que la nueva planta esperaba contar para su viabilidad.

El Proyecto incluía además, una nueva empresa de logística para el suministro de esta planta con lo que se creaban numerosos puestos de trabajo.

En Álava y su entorno existe un importante excedente anual de paja de cereal, cuya gestión supone un problema añadido para el sector primario.

Desde el punto de vista ambiental, además de dar una solución sostenible a la gestión de este residuo, la Planta de Biomasa conseguiría evitar la quema en campo del excedente de paja, con el consiguiente riesgo de incendios que conlleva. Su combustión controlada permitiría además generar electricidad de origen renovable para unos 45.000 hogares y una reducción efectiva de emisiones de CO2 del orden de 140.000 toneladas cada año, equivalente a un efecto depurativo para la atmósfera superior al de seis millones y medio de árboles.

Por otro lado, también conllevaría un importante beneficio socioeconómico, con la creación de más de 250 empleos durante la fase de su construcción, unos 25 empleos directos en la propia planta y casi 100 puestos de trabajo asociados al suministro de combustible.

La inversión que se contempla es de unos 68 millones de euros y la puesta en marcha de la Planta supondría además de una importante aportación a la hacienda pública vía impuestos, la incorporación de una renta complementaria al sector agrario.

Para Álava y su capital (Vitoria-Gasteiz), este proyecto es clave ya que la utilización del calor que la Planta de Biomasa genera se utilizaría en la Planta de Biometanización y Compostaje de Júndiz (que trata todos los RSU de Álava) permitiendo optimizar la gestión de estos residuos urbanos mediante el secado de su rechazo y su transformación en un combustible sólido recuperado. Esta solución supondrá para Vitoria-Gasteiz y su provincia un ahorro superior a los cinco millones de euros en inversiones que, de no construirse la Planta de Biomasa, se deberían de acometer en los próximos años.

La Biomasa genera frente a los renovables puestos de trabajo fijos, directos como indirectos en estos se fomenta el empleo y la inversión, dado la envergadura que supone abastecer una planta de Biomasa.

El Libro Blanco de la Unión Europea de 1997, establece una estrategia y un Plan de Acción comunitario en el campo de las energías renovables, es el marco de referencia para el resto de planes sectoriales y nacionales de los países miembros.
Anip espera de las administraciones públicas una reconsideración del Decreto y se pone a disposición de las mismas en su su posible consecución.